11 jul. 2015

LA EUROPA DE SIGMAR GABRIEL






El conflicto griego ha puesto al descubierto las grandes debilidades de las dos partes. No quiero ahora referirme al Gobierno de Tsipras, que no es ése el caso. Creo que todavía no ha podido sino hacer políticas al muy corto plazo, de tal modo que poco conocemos de él. Una escenificación del desacuerdo con el Eurogrupo, una tensión de la cuerda probablemente atrevida y poco más. Tal vez una apelación algo trasnochada a un nacionalismo herido en su orgullo. Y una decisión de someter a referéndum la última propuesta de Dijsselbloem y sus colegas que, vistas las últimas escaramuzas, tenía más significado en términos de política interna que otra cosa. Pero ese no es el tema.

Más bien, el problema está del otro lado. He comprobado que el presidente del Eurogrupo es un laborista y que su desempeño en temas educativos en Bélgica no ha sido del todo malo. Como socialdemócrata es el presidente del Parlamento Europeo, el señor Schulz. E incluso lo es –aunque lo esconde muy bien- el vicecanciller alemán , el Sr. Gabriel. Sin embargo, los tres, especialmente el último, se han portado como unos matones de barrio en relación con la crisis griega. El tema tiene su interés, en un Parlamento Europeo en el que los socialdemócratas están emparedados entre los populares, los conservadores y los liberales. Y en el escenario de una comisión presidida por alguien a quien sí que le cuadra muy bien el apelativo de “viejo zorro”, el señor Juncker. Digo esto porque, a la hora de la verdad, la capacidad política de todos ellos y su supuesta experiencia no han aportado nada más positivo ni fructífero que la supuesta inexperiencia y poca profesionalidad del bando griego. Tal vez porque el método intergubernamental  ha desplazado totalmente a las instituciones de la UE y porque todo se decide mediante una llamada de teléfono entre la sra. Merkel y sus “hermanos pequeños”.

El tema de Grecia es un caso muy notorio. Pero hay otros muy claros. Por ejemplo, que el ingreso de nuevos socios –en particular, Rumanía y Bulgaria- no ha supuesto una aproximación significativa de éstos a los estándares económicos de los  antiguos EEMM. Que lo único que nos importa de los nuevos es que sus habitantes presten servicios a precios baratos y que en ellos se puedan establecer plantas industriales que ya no son rentables en la Europa Occidental. El otro día, en un congreso en Vigo, escuchaba de una profesora polaca un relato más de cómo en los países anteriormente en la órbita soviética no se han construido auténticos sistemas de Seguridad Social. Es igualmente claro que preocupa el asentamiento de nacionales de los Estados pobres en los más ricos, con acusaciones de instalarse en éstos solo para beneficiarse de sus jugosas prestaciones de asistencia social. Y, por supuesto, importa sobre todo la corrección de  desequilibrios macroeconómicos y déficits excesivos. Este último asunto, con ser importante, amenaza con constituir el único tema de relevancia en los devaluados mecanismos de gobierno europeo que hoy funcionan.

Los grandes objetivos hoy nadie los recuerda. Ya nadie aspira a integrar a Turquía, un reto que hace años nos ubicaba ante la puesta en marcha de una ampliación realmente transformadora de Europa. Nadie cree que el mundo musulmán puede integrarse en Europa y asumir sus valores de democracia y derechos humanos. A nadie le importa que la brecha salarial entre hombres y mujeres se mantenga e incluso crezca. Nadie se preocupa realmente por la tibieza del Tribunal de Justicia sobre los derechos humanos proclamados en la Carta de Niza, ni por las largas reflexiones que necesita UE para ratificar el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Incluso nos encontramos con el referéndum británico de salida. Preocupa lo inmediato –el eventual Grexit- pero no lo que sería más destructivo y resulta más probable, por mucho que los tories quieran convencernos de que no sucederá: el Brexit. Entretanto, Cameron coquetea con la idea de denunciar el Convenio de Roma, para que Reino Unido no esté sometido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O, lo que es lo mismo, a la conciencia de Europa.

Incluso en esta situación, hay rayuelas de esperanza: el ingreso de Croacia, como acta de fin del último conflicto bélico en Europa, supuso una gran alegría. En ocasiones, el Tribunal de Justicia, con su proceder tan errático a veces, defiende algún que otro valor social. A cuentagotas, la voluntad política parece querer sobreponerse a los designios macroeconómicos, como se aprecia estos días en un esforzado Hollande o en una dubitativa Merkel. Con todo, la Unión Europea de hoy decepciona más que transmite ánimo.


Es por eso que no me preocupa demasiado el juicio que haya de hacerse a un político de un pequeño Estado Miembro, sino a una institución que hoy gestiona intereses pequeños y renuncia a los grandes objetivos para los que fue diseñada. Quizá los viejos zorros a los que se refería Timothy Garton Ash, como Mitterrand o Andreotti,  no fueran un ejemplo en otros aspectos de sus biografías, pero al menos concebían Europa más en grande.

8 jul. 2015

LA PENSIÓN DE LAS MADRES






Leo hoy en la prensa que las partes sociales han rechazado la propuesta pepera de subir las pensiones de las madres con hijos. Coincido con sindicatos y patronal que es una idea rancia, plagada de estereotipos, defensora de un modelo de familia tradicional, estigmatizadora para las mujeres en su condición de trabajadoras y muy defectuosa. Es más, difícilmente parece compatible con las Directivas de la Unión Europea en materia de igualdad, sobre todo a la vista del asunto Leone. Es decir, describe una vez más qué piensa la derecha cutre de este país sobre las mujeres.

Dicho esto,  no he estado, claro está, en la discusión del tema. Pero, tal y como aparece reflejado en la prensa, las partes sociales expresan  que “la Seguridad Social no está para financiar políticas de natalidad”. Si eso es lo que han dicho, me declaro tan lejos de la propuesta del PaPo como del pensamiento de las partes sociales. Como primera idea, habría que pedirles que estudiaran algo de normativa internacional, porque el Convenio nº 102 de la OIT, sobre norma mínima de Seguridad Social incluye en su parte VII las prestaciones familiares. Es decir, para la OIT la Seguridad Social sí que está para eso. Aunque es verdad que España no ha aceptado la parte VII, porque obviamente no la cumple con una dignidad mínima. Por su parte, la Recomendación 202, de 2012, sobre pisos de protección social, sugiere en su punto 9 que se incluyan, entre las garantías básicas de Seguridad Social, las prestaciones familiares.

Pero el tema no es tanto de normativa internacional como de raciocinio social. Vivimos en un país en el que las mujeres no tienen hijos porque no trabajan. Y en el que tienen menos hijos de los que quisieran tener. Un país en el que trabajar no les merece la pena porque no cuentan con servicios suficientes y accesibles de crianza de hijos. Un país que las encarrila en la carrera maternal –cerrando su carrera profesional- porque no hay una adecuada combinación de medidas laborales y de Seguridad Social para que puedan desarrollarse en el mercado de trabajo.

Lo malo de todo es que CEOE, CEPYME, UGT y CCOO mandan un mensaje discriminatorio. No pongamos la excusa de los estereotipos y de las propuestas envueltas en papel charol del PaPo para abordar una urgencia social inaplazable. Tan importante como el mantenimiento de las pensiones es la crianza digna y corresponsable de los hijos, desde luego bajo la perspectiva de la pluralidad de las unidades familiares.


Si Galicia ya es un país envejecido con muy difícil vuelta atrás, que no lo sea todo el Reino de España.

25 jun. 2015

LINDE: DEIXA DE DICIR PALLASADAS. AS PENSIÓNS NON TEÑEN QUE BAIXAR








Un xa está afeito a que o titular do Banco de España transmita como certidumes futuras cuestións que non son máis que tomas de postura ideolóxicas. Que as pensións teñen que baixar no futuro é o que desexan afervoadamente as clases favorecidas para contribuír aínda menos ao equilibrio social no noso país. E para iso constrúen un discurso de pensamento circular, no que non caben outras posibilidades, de tal xeito que anuncian decisións futuras de fondo calado político como axustes técnicos nos que non cabe outra alternativa.

A demografía está como está, pero hai que buscar responsabilidades. É un feito certo que no Reino de España as mulleres teñen menos fillos dos que quixeran ter, as enquisas son teimudas. As mulleres non poden ter fillos porque non traballan, porque non se avanzou na corresponsabilidade masculina e porque as políticas familiares, sinxelamente, non existen no noso país. Que as mulleres teñan unha taxa de ocupación indecente e impropia dun país desenvolvido ten claras responsabilidades políticas, básicamente desde que as leis de Igualdade da década pasada se convertiran en casca baleira por mor das  políticas da dereita desde o 2011.

Por otra parte, cabe esperar que as taxas de emprego melloren cando neste país traballar pague a pena e non se lle poñan os atrancos tan fortes que hoxendía existen. Non é unha onda de precarización sen fin a que vai mellorar a taxa de ocupación, senón unha política máis xusta na que se enfronten os problemas estruturais polos que ás mulleres novas, aos xóvenes en xeral, ás persoas con responsabilidades familiares, ás persoas sen cualificacións abondas e a outros colectivos non  lles é posible desenvolverse no mercado de traballo. Algún día voltarán persoas inmigrantes a cachón, para se integrar na nosa sociedade e para achegar ao seu futuro colectivo.

Cando se defende que as pensións teñen que ser complementadas con aforro privado se formula unha ameaza preocupante. Saberá o señor Linde a capacidade de aforro privado que ten a clase traballadora? Fíxose algo no noso sistema para que haxa sistemas profesionais como en Francia ou en Alemaña, ademáis de cativos incentivos fiscais? Alguén lle explicou que o noso sistema de Seguridade Social se edificou sobre os entullos do mutualismo laboral? Que hai razóns históricas para que nós sexamos máis dependentes das pensións públicas? Por desgraza, estas cuestións non se explican nas universidades privadas e nos másters do universo nos que estudan “nosos prohomes”. Por máis que Luis Linde proveña dos corpos técnicos do Ministerio de Economía -habería que revisar o temario das oposicións!-


E logo, se as achegas para o sostemento das pensións non son suficientes, habería que pedirlle responsabilidades a esta liña política tan forte de incentivar contratos con custes ou bonificacións nas cuotas de Seguridade Social e todo tipo de medidas que inciden gravemente nos ingresos da Tesoureiría Xeral de Seguridade Social. Habería que pensar nunha suba de cotizacións –por que non se retorna aos tipos de cotización máis agravados por desemprego dos anos 90, cando menos para os contratos temporais?- ou, alternativamente, na imposición indirecta, como se fai na Europa civilizada. Pero non, o modelo económico de Linde é o das Illas Caimán, non o do Norte de Europa. Así, todo é inelectuable, claro que si.

14 may. 2015

ME GUSTA EL FÚTBOL, PERO NO TANTO


Acabo de leer, incrédulo, el auto  de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 14 mayo 2015, que “suspende cautelarmente” una huelga convocada. Eso de la suspensión cautelar del ejercicio de un derecho fundamental me resulta un concepto muy inquietante, aunque me hago cargo que sucede a menudo. En este caso, suspender la huelga implica dejarla sin efecto forever, dadas las circunstancias en las que se había convocado. La Sala está, mediante una resolución interlocutoria, anulando el derecho fundamental de huelga ante la convocatoria realizada por una organización sindical.

En este comentario no está implícita ninguna pasión oculta. Mi amado club navega por el medio de la tabla con remotísimas y poco deseables posibilidades de entrar en Europa. Tampoco, ninguna simpatía por una huelga que me parece un “pelín” corporativa. No es eso. El problema está en que la AN se ha metido en un jardín lleno de espinas y ha dictado la peor resolución de todas las posibles.

No sé si los órganos de la Jurisdicción Social van a ser tan diligentes cuando se convoque una huelga en el sector del comercio minorista de la provincia de Pontevedra y dictar auto antes de que transcurran los días de preaviso, pero seguro que tendremos muchas ocasiones para comprobarlo. Me sé de algunos que van ser muy diligentes. Sin perjuicio de esta cuestión, con este Auto se hace realidad el sueño de la acción judicial reactiva a la convocatoria de huelga tan querido por algunos. La injunction americana trasladada, con pocos matices, a nuestro derecho. Por si no fuera bastante con la huelga declarativa de la ilegalidad de la huelga, ahora aparece el interdicto –perdón, el auto- prohibitivo de la huelga.

El auto se deshace en oraciones concesivas –“los límites de los derechos fundamentales [han] de ser interpretados con criterios restrictivos y en el sentido más favorable a la eficacia y a la esencia de tales derechos”-, con cita de doctrina del TC. Pero, al final, el poli-forme derecho a la tutela judicial efectiva colocado por encima de los demás y, muy en particular, sobre los derechos colectivos de los trabajadores.  Como había expresado hace años Lord Wedderburn, el Derecho solo entra en las relaciones colectivas para joder a los trabajadores.

Lo más desagradable del auto es que suspende la medida de conflicto porque “algunos de los objetivos de la huelga podrían tener por finalidad la modificación del convenio colectivo vigente”. Es decir, si algunos son ilegales, pero no todos, ¿la huelga es ilegal?, ¿hay que suspenderla, por si acaso? La fundamentación, plasmada en estos términos, es indigerible. Y más lo es apelar a los daños organizativos de este negocio tan jugoso que es el fútbol, que parece el único derecho fundamental en nuestra sociedad.


El auto transmite una gran banalidad en la suspensión de una huelga convocada. Si esta suspensión es en derecho admisible, que tal vez lo sea, la ponderación de la ilegalidad tendría que ser mucho más contundente, y en términos de afectación de otros derechos fundamentales. Este auto es un mal presagio, de que algo muy malo está por venir.

Como único consuelo posible, adjunto una foto de Manolo, el gran capitán, el ídolo de los niños que íbamos a Balaídos en los años 70.

5 may. 2015

HABRÁ QUE REVISAR EL CONCEPTO DE CENTRO DE TRABAJO. NOTA BREVE A LA SENTENCIA USDAW





El 30 abril 2015 el Tribunal de Justicia ha dictado una sentencia muy importante al resolver el asunto C-80/14, en torno a la Directiva de despidos colectivos. Ya algunos blogs se han adelantado a éste en un comentario más general y amplio. Sobre todo, el de Eduardo Rojo, con una descripción y análisis muy ponderados y valiosos. Por mi parte, he de comentarla con más rigor en alguna revista, porque creo que plantea interrogantes claves sobre el concepto de despido colectivo, sobre la naturaleza de la Directiva y sobre la relación de ésta con las normas internas de trasposición. Pero, por ahora, creo que merece la pena destacar un aspecto que merece una atención especial: el del concepto de centro de trabajo. Una de las cuestiones más esotéricas y absurdas que existen en nuestro sistema interno, alimentada por el envejecimiento absoluto del art. 1.5 del ET, por la inercia del legislador y por el descuido del intérprete.

Debe destacarse que la sentencia expresa sin ambages que el concepto “centro de trabajo” en la Directiva 98/50/CE debe perfilarse desde la Unión Europea y no desde los marcos internos. Es decir, se trata de un concepto propio que debe tener fuerza unificadora para conferirle a la norma derivada un mínimo efecto útil. El Tribunal recuerda su jurisprudencia y expresa que no es necesario que la unidad que se considere como centro de trabajo cuente con autonomía para decidir y efectuar los despidos colectivos. Y, en particular, añade que se identifica con “una entidad diferenciada, que tenga cierta permanencia y estabilidad, que esté adscrita a la ejecución de una o varias tareas determinadas y que disponga de un conjunto de trabajadores, así como de medios técnicos y un grado de estructura organizativa que le permita llevar a cabo esas tareas”. Eso sí, “no debe estar dotada necesariamente de autonomía jurídica alguna ni de una autonomía económica, financiera, administrativa o tecnológica para poder ser calificada de centro de trabajo”.

En apariencia, el Tribunal no hace sino interpretar una concreta Directiva, pero, como quiera que liga la interpretación de la de despidos colectivos a la 2002/14/CE, es claro que su doctrina trasciende el ámbito de los despidos colectivos y es aplicable a la propia esencia de los órganos representativos. En consecuencia, puede decirse que los sistemas internos deben adaptarse al concepto comunitario, so pena de poder incurrir en no pocas disfuncionalidades. Por lo demás, es importante que el Tribunal remite al órgano que había planteado la cuestión prejudicial verificar si las unidades controvertidas en el litigio principal –se trataba de unas tiendas de sendas cadenas de gran distribución en el Reino Unido- eran o no centros de trabajo. Pues resultaba controvertido que se ajustaran al concepto descrito.

Hay un elemento que omite la sentencia pero que es necesario traer a colación: el concepto centro de trabajo es diferente y más exigente que el de “parte de centro de actividad” de la Directiva 2002/23/CE. Dicho en otras palabras, que pueda ser objeto de transmisión autónoma no implica que una unidad productiva merezca la consideración de centro de trabajo. Se exige ese plus de permanencia y estabilidad y que sus tareas determinadas puedan especificarse de forma diferenciada. Ello, además de que merezca considerarse como una entidad económica diferenciada que mantenga su identidad, como quiere la Directiva de sucesión de empresa.

Dicho en otras palabras: resulta extremadamente discutible desde la jurisprudencia del TJU que entidades tales como subcontratas de empresas auxiliares, pequeñas tiendas de distribución de productos con uno o dos trabajadores, lugares de expedición de determinados productos o delegaciones de empresas multinacionales sin autonomía de funcionamiento puedan considerarse como centro de trabajo. Por más que, hábilmente, sus gestores notifiquen a la autoridad laboral la apertura de un nuevo centro.


Es hora, pues, de que nos tomemos en serio el concepto del art. 1.5 ET y lo revisitemos. Aunque solo sea para que las condiciones de competencia en el Reino de España sean similares a las de los otros veintisiete, como quieren los jueces del Tribunal de Justicia.

30 abr. 2015

PROTECCIÓN DE DEREITOS FUNDAMENTAIS




Aínda que Antonio Baylos xa publicou antonte no seu blog unha reseña deste monográfico da Revista de Dereito Social, quero engadir un par de comentarios que parten da miña gratitude con el, como director de RDS, por promover a edición dun número relativo á protección xurisdiccional dos dereitos fundamentais. Que eu teña a honra, ademáis, de coordenar a un grupo tan notable de laboralistas fai que me sinta especialmente fachendoso.

O contexto no que se encadra é abondo coñecido e caracterizado por unha paisaxe despois da crise  desoladora no que se refire aos dereitos sociais e laborais. A forza de traballo convertida nunha mercadoría que se compra a prezos de saldo como ben funxible e as traballadoras e traballadores rebaixados a condición de persoas vulnerabeis e en risco de pobreza. É unha descrición na que, por desgraza, se concitan as unanimidades de organismos tan dispares como o FMI, a OCDE e mesmo a Igrexa Católica, todos eles indignados polas rebaixas salariais que sufren as clases traballadoras e a desprotección que padecen as persoas en risco de exclusión social. Algo moi canalla ten que estar a facer o Goberno actual para concitar tales consensos. O Reino de España convertido no averno da desigualdade e da inxustiza, para beneficio das clases favorecidas.

Neste contexto no que se desmantelaron redes elementais de protección laboral, compría unha reflexión ampla, desde a perspectiva da protección dos dereitos fundamentais dos traballadores. A pregunta básica consistía en plantexar, dunha banda, se o acervo dos dereitos humanos básicos podía dar pé a unha rede de protección alternativa. E, doutra, se os tribunais internos e internacionais estaban en condicións e en disposición de aportar decisivamente nun cambio de paradigma no que os efectos deste desmantelamento de dereitos se paliaran, cando menos un pouco.

É por iso que as primeiras miradas debían enxergar que pasa nos tribunais internos. Nos ordinarios e tamén no constitucional. E tamén nos órganos europeos que ditan doutrina vinculante no noso sistema de relacións laborais, tanto da Unión Europea canto do Consello de Europa. Xa que logo, o Tribunal de Xustiza de Luxemburgo, o Tribunal Europeo de Estrasburgo e tamén o Comité Europeo de Dereitos Sociais.

Asemade, compría albiscar a doutrina de órganos xudiciais de sistemas próximos ao noso, coas cadansúas particularidades, pero con compoñentes que lles daban singlaridades propias. Os exemplos portugueses –especialmente notable pola resposta do seu Tribunal Constitucional aos recorte esixidos pola troika-, italiano, francés e alemán parecían de singular interese. E tamén, pola súa especificidade propia, aínda que máis alonxada da nosa tradición xurídica, conviña unha análise da doutrina do Tribunal Supremo Federal de USA.


Este era o empeño do número que agora sae a coñecemento da comunidade científica. Sen dúbida, falta a análise dun banzo, o fundamental na narrativa dos dereitos humanos, que é o de Nacións Unidas, con toda a súa complexidade. Pero esa é outra historia, que deberá ser escrita nun futuro máis ou menos próximo. Polo de agora, únicamente me queda darlle ás grazas, ademáis de á dirección da revista –en especial, a Luis Collado-, aos autores e autoras: Antonio Baylos, María Amparo Ballester, Giovanni Orlandini, María Belén Cardona, Risa L. Lieberwitz, Marie Cécile Escande-Varniol, Achim Seifert, Laura Calafá, Joao Leal Amado, Francisca Fernández, Belén Fernández, Marta Fernández e Nora María Martínez.

13 abr. 2015

EL SUPREMO SE ENQUISTA DEFINITIVAMENTE EN SU POSICIÓN: EL DETERIORO DEL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN UNITARIA PARECE IRREVERSIBLE


Cuando la ponente de una sentencia de consecuencias graves es una magistrada a la que respeto y aprecio la crítica se hace más difícil, pero en este caso es muy necesaria. Que Lourdes Arastey haya reincidido en el error anterior del TS tiene consecuencias muy lamentables, sobre todo porque cabía esperar, por los últimos indicios, que el Tribunal se enmendara. Pero no. No es posible agrupar centros de trabajo en empresas de menos de cincuenta trabajadores en el ámbito de una provincia para poder elegir a uno o a tres delegados de personal.

Digo que tiene consecuencias muy lamentables porque, probablemente, el tema no vuelva al TS en muchos años, después de que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, con buen criterio, haya remitido al procedimiento arbitral la impugnación de los preavisos. La jurisprudencia puede quedarse petrificada, para desgracia de un sistema representativo cuya reforma el legislador no quiere nunca afrontar. En resumen: la sentencia de 11 febrero 2015 (rcud 2872/2013) recae en el error en que se incurrió a partir de enero de 2001 e impide que haya elecciones en empresas con sus trabajadores diseminados en pequeñas unidades productivas. Que, al paso que vamos, cada vez más son una mayoría.

Había esperanza de que la jurisprudencia cambiase, después de que el propio TS, en sentencia de 18 julio 2014, rectificase su anterior criterio por lo que se refiere a los delegados sindicales del art. 10 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Pero no, se ha mantenido. Las consecuencias son fáciles de comprobar con el flácido período electoral por el que estamos atravesando, en el que ha descendido notabilísimamente el número de preavisos. Las causas son, evidentemente variadas. No se trata solo de este sistema representativo alternativo que ha configurado el legislador de 2010 para las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo y períodos concomitantes de consultas, que pone de manifiesto una renuncia a afrontar el problema evidente de grandes agujeros negros de población laboral  no representada. Tampoco, del mantenimiento legal de una unidad electoral tan trasnochada como el centro de trabajo, cuya identificación es imposible en la práctica en muy numerosas ocasiones. Ni siquiera la culpa la tiene la regulación general del Tít. II, anclada en la lógica de la empresa fordista de hace cuarenta años. Por supuesto, la responsabilidad no es toda del TS, pero esta sentencia es un auténtico “elogio de la ceguera”. Es un conjunto combinado de sinsentidos.

La jurisprudencia del TS es irrazonable, desde el punto de vista de una interpretación literal de la norma. La sentencia de 11 febrero 2015 solo alude a ella elípticamente, de tal forma que no puede deducirse de ella toda su incoherencia interna. Pero baste decir que el art. 62 dice lo que dice: que los delegados de personal se eligen “en la empresa o centro de trabajo”. Y el 63.2 impone la figura del comité conjunto, es decir, no admite que se elijan delegados de personal en unidades de centro de trabajo cuando éstos alcanzan, conjuntamente considerados, 50 trabajadores –sin las matizaciones que, contra legem, introduce la sentencia del TS de 10 febrero 2008-. Por lo tanto, no es cierto que el art. 63.2 sea el precepto que admita la acumulación de centros, sino que es el que no abre una unidad alternativa de centro de trabajo, que sí que se admite como posibilidad alternativa en el art. 62.

Esta explicación, tan sencilla, es la que se deduce de una interpretación literal de la norma. Lo demás son sofismas. Que, por desgracia, han perjudicado notabilísimamente la acción sindical.


Tal vez haya espacio para la enmienda en algún recurso todavía pendiente. Entretanto, debe añadirse que la interpretación legal del TS, por irrazonable, viola la tutela judicial efectiva, en términos que ya en alguna ocasión ha expresado el Tribunal Constitucional. No es éste un espacio apropiado para la crítica de jurisprudencia, sino para lanzar un mensaje sencillo. No es solo la interpretación literal de la norma, sino la necesidad de contextualizarla en su marco de aplicación. Si el legislador se empecina en no afrontar una profunda reforma del Tít. II, al menos el TS debe ser consciente de que la empresa de los años setenta u ochenta del siglo pasado ha cambiado un poco. Desde el otro lado del espejo, el legislador de los años ochenta se quedaría perplejo de cómo se concibe en la actualidad el centro de trabajo, de cómo pueden brotar centros como las margaritas silvestres en las empresas contratistas, de cuántas unidades organizativas diminutas tienen ahora las empresas más dimensionadas…Y, sobre todo, de cómo pueden desconocerse hasta el infinito los derechos de participación de los trabajadores que campanudamente declara el art. 4 del ET.

16 mar. 2015

SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS PENSIONES



En estos últimos tiempos, me he hinchado a comentar sentencias inconstitucionales emitidas por el Tribunal Constitucional.  He aquí una más, que viene a “adornar” la labor de este órgano de doctrina tan desafortunada en los últimos tiempos. Me llama la atención que, otra vez, la ponente sea Encarnación Roca Trías. Del mismo modo que me pareció muy reprobable la avalancha de críticas que recibió de sus supuestos “mandantes” del nacionalismo catalán, me produce tristeza su alineamiento tan claro con los postulados más antisociales de la magistratura. Si en la sentencia 8/2015 era muy llamativo el carácter insustancial de los argumentos manejados por el voto mayoritario, en la que ahora se comenta, de 5 marzo, la fundamentación jurídica es insoportablemente leve, como refleja el voto particular. Es llamativo que Roca Trías incurra en esta flojera argumental tratándose, como se trata, de una de las más importantes juristas del Derecho de Familia y, sin duda, la arquitecta del sistema catalán. Es decir, parecería que la pobreza de criterio del voto mayoritario es artificial. Como si la cuestión, por ser obvio que no merecía estimarse, debiera despacharse con pocas palabras. Con un desplante, como es tan del gusto de algunos.

De ahí que recuerde arriba al bardo Asuracenturix, el “músico de aldea” más universalmente conocido. No es que quiera que Encarnación Trías acabe como acababa el bardo en la última viñeta de cada aventura, pero sí que se arrinconase así alguna de la “doctrina” que está firmando. No hay duda de que, últimamente, solo se aprende en los votos particulares. El de la sentencia de 5 marzo constituye un notable ejercicio sobre los derechos adquiridos, su diferencia de las expectativas de derecho, la irretroactividad de las normas restrictivas de derechos, la naturaleza de las leyes presupuestarias y el carácter de sus preceptos. Ahora no se trata de parafrasearlo, basta con recomendar que se lea, porque es, sin duda, uno de los mejores votos particulares de los últimos tiempos. Me produce alegría y me parece muy significativo que lo suscriba Xiol Ríos.

Hay que reconocer que el art. 48 LGSS ha sido, desde hace ya bastantes años, uno de los preceptos legales más moldeables al político de turno y que se le han hecho muchos trajes a la medida de quien gobernase en cada momento. Pero la chapuza cometida por el Gobierno del PP en diciembre de 2012 fue tan monumental que, más que la economía de las personas pensionistas –que también-, se quebró la seguridad jurídica más elemental de la ciudadanía. Porque lo peor de la sentencia que se acaba de dictar no está en su letra pequeña, sino en el gran mensaje que proyecta: que la Ley de Presupuestos puede hacer de su capa un sayo y vaciar de contenido claros mandatos legales incondicionados y autosuficientes, así como suspender inequívocos imperativos constitucionales. Además, las normas de urgencia de nuevo se favorecen de una interpretación muy poco  rigurosa en cuanto se refiere al deber de expresar claramente sus motivos. Es decir, la conversión del sistema jurídico en un conglomerado de normas de oportunidad y del Título Primero de la Constitución en “derecho declamado”.


Ahora hay que resignarse a que la crisis económica no tiene límites cuando se trata de restringir derechos. Toda eliminación de derechos sociales es susceptible de considerarse constitucional por este Tribunal de mayoría tan maleable y de convicciones tan poco vigorosas sobre la esencia social de nuestro Estado de Derecho. No importa que su jurisprudencia contradiga abiertamente la de los órganos del Consejo de Europa y de Naciones Unidas. A bastantes de sus miembros habría que pagarles un internship en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de UN, a ver si se les pega algo. Y, de paso, en alguna que otra institución jurídica europea para que estudiaran algo de Teoría del Derecho.

1 mar. 2015

SALARIOS, PBI E III ACORDO DE EMPREGO E NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Adxunto link a artigo meu publicado en "La Voz de Galicia" de hoxe.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/mercados/2015/02/27/vinculo-salarios-pib-abre-nuevo-tiempo-estabilidad/00031425069945686892281.htm

23 feb. 2015

VERBO DO CONTRATO ÚNICO





Aparentemente, estos partidos “de centro” que abrollan como fungos, en particular UPyD, pero agora tamén Ciutadáns, están abrazando a proposta de contrato único que tan afervoadamente ven defendendo FEDEA, esta plataforma think-tank do pensamento da Economía. Xa hai tempo que a relación dos seus compoñenentes con profesores de Dereito do Traballo afíns produciu certo “tuneamento” do mesmo (vid., vg., http://documentos.fedea.net/pubs/dt/2012/dt-2012-09.pdf). De feito, se admitiu a salvedade da necesaria protección dos dereitos fundamentais e libertades públicas, e así mesmo se puntualizou que o contrato único tería que convivir con certas modalidades de contrato temporal e mesmo coa actividade das empresas de traballo temporal. Con todo, mantén os seus rasgos estruturais básicos. Non por casualidade, Luis Garicano apareceu como a fichaxe estrela do partido de Albert Rivera.

Á marxe das referidas colaboracións ailladas, e dalgunha editorial puntual en Relacións Laborais, o certo é que o contrato único non mereceu ata hoxe un interese particular pola doutrina iuslaboralista. Suxeriuse, con razón, a súa difícil compatibilidade coas obrigas internacionais do Reino de España –en particular, co Convenio 158 de OIT e co art. 24 da Carta Social Europea-. Tamén se prantexaron outras obxeccións xa superadas coas matizacións que o propio grupo de FEDEA engadiu á súa proposta inicial.

 Hai que recoñecer que é a proposta máis seria que se ten formulado nos últimos anos de reforma do mercado de traballo. Curiosamente, tenta alinearse nun espazo político ubicado entre a socialdemocracia e o pensamento liberal. O que, de seu, produce unha fonda preocupación, polas ideas que están agromando neste ámbito ideolóxico. Máis, cando se ten que contrastar coa realidade laboral de hoxendía, lastrada pola crecente precariedade e vulnerabilidade que afecta á clase traballadora. Tamén á que, en apariencia, ten un contrato indefinido típico. Hai poucas dúbidas de que esta proposta vai incidir en máis precariedade e máis vulnerabilidade. De feito, propostas similares, como o contrat unique en Francia ou o contratto único, se debaten nos países veciños con bastantes similitudes ao modelo que se tenta implantar no Reino de España e as obxeccións adoitan ser parellas.

Á marxe doutras, máis de detalle, hai catro cuestións centrais:

-A primeira, o evidente risco de que os traballadores queden “pegados” nos estadios do contrato con menor protección laboral. O modelo non explica nada ben por que vai reducir a rotación laboral. Ao contrario, a dita rotación aparentemente se fomenta máis coa escasa protección que se ofrece nos primeiros anos do contrato. En particular, certos colectivos son candidatos claros a quedar “varados” nos primeiros anos de contrato, co evidente efecto segmentación que se tenta eliminar.

-A segunda, a rotunda renuncia ao principio de igualdade entre traballadores atípicos e traballadores típicos. O Tribunal de Xustiza da Unión Europea, no seu recente fallo do asunto Poclava, xa deixou claro o seu entendemento formal do termo “contratos de duración determinada”, que non afecta, vg., ao contrato de apoio a empregadores. Polo tanto, para a Corte de Luxemburgo non habería problema por que nos primeiros anos dun contrato único apenas houbese protección fronte ao despedimento inxusto. Pero a consecuencia evidente sería que os traballadores “indefinidos” do contrato único, ata reuniren certa antiguidade, serían máis vulnerables que os actuais traballadores temporais.

-A terceira, parece obvio que a proposta supón unha discriminación indirecta por razón de xénero, polo feito de que as mulleres, segundo estatísticas concluíntes, teñen menos antiguidade que os homes. Se o Tribunal de Xustiza da Unión mantén a súa doutrina –vg., asunto Seymour Smith- o modelo proposto por FEDEA é incompatible co art. 157 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea.

-A cuarta, parece obvio que, en termos comparatativos, a proposta vai redundar en máis atipicidade, porque deixa moitas portas abertas: que pasa coas categorías de traballadores máis vulnerables (TRADES, on-call, empregados domésticos, traballadores a tempo parcial, en risco de exclusión social…) Como se integran estos colectivos –e outros- . Non hai para eles ningunha norma específica que os integre? Que propón polo miudo para crises de empresa? Vaise rescatar a proposta de capitalización da indenización por despedimento? Nese caso, que desincentivo vai ter o empresario para non despedir aos traballadords maiores e quizáis con competencias obsoletas? Que protección pode ofrecer o modelo aos traballadores non cualificados?


Son unha chea de preguntas, e habería moitas outras, que arroxan dúbidas, incertidumes e inseguridades. Todo o contrario do que pretende, segundo os seus defesores, aportar o contrato único.