21 ene. 2015

¿DÓNDE ESTÁ EL SINDICATO? RÉPLICA PARCIAL Y DESORDENADA



No me gusta demasiado propagar mi punto de vista más allá de círculos razonables y prefiero utilizar espacios abiertos pero no demasiado concurridos. No aspiro a liderar audiencias ni a sumar “visitas” a mi blog. Solo me siento obligado a participar en este debate sobre el asunto sindical que ocupa estos días la atención de compañer@s y amig@s. Para mi es una obligación moral escribir estas frases, quizá un tanto desordenadas, pero que quieren añadir algo de propuesta a los meros diagnósticos.  Yo también creo que hay cierto ensimismamiento, aunque no comparto del todo las “culpas” o las “críticas” que se expresan, creo que con cierta injusticia. Sí que es verdad que los sindicatos se parecen demasiado a esos personajes ciclotímicos de las películas de algunos autores de culto.

Mi punto de vista es el de un actor neutral entre las organizaciones sindicales de clase, pero que se ha implicado con cierto activismo en la defensa de la acción sindical.  Nunca he militado en ninguna organización confederal interna, aunque alguna vez –hace ya años- he participado, de forma simbólica, en listas electorales. En los últimos lustros, mi función arbitral en las elecciones me ha exigido mantenerme al margen de la vida cotidiana de cualquiera de las tres centrales más representativas que hay en Galicia. Sin embargo he colaborado con todas ellas, he participado en muchas de sus actividades y mantengo lazos amistosos con personas que militan en cualquiera de las tres. Creo que conozco razonablemente su funcionamiento interno, sus preocupaciones, sus desajustes, sus fortalezas y sus debilidades. También, el trance por el que están pasando.

Por tanto, que se me permita expresar la idea central desde el principio: la crisis indudable que padecen está más producida por factores exógenos que endógenos y no se manifiesta en todas las afirmaciones que se expresan. Sí en algunas, desde luego. No es una crisis de liderazgo, tampoco de democracia interna, ni desde luego de falta de perspectiva. Hay gran cansancio, eso sí, después de un importante desgaste a partir de la crisis económica y la respuesta del poder público a la misma. Hay, desde luego, episodios y conductas muy censurables que, por desgracia, se han generalizado en ciertos espacios. Y, por supuesto, deben ponerse en marcha ciertas iniciativas de cambio, estratégicas, políticas y normativas.

A partir de lo cual, habría que entrelazar reflexiones, desmentidos y propuestas. Es algo injusto imputar excesiva burocracia en los tiempos que corren. Más bien, se ha producido un desmantelamiento de gran parte de las estructuras organizativas por problemas financieros bien conocidos. No solo derivados de la objetiva situación económica, sino también del linchamiento político que han padecido. La merma de sus ingresos a través de subvenciones directas e indirectas, la disminución del pago por servicios objetivos que prestan, el recorte de las funciones que les encomiendan los poderes públicos…Es un sarcasmo que primero se provoque la asfixia económica y luego se critique el amparo de los sindicatos en las normas que ellos mismos combaten –en particular, las de despidos colectivos-. Pero el resultado objetivo es un sindicato adelgazado, en el que sus empleados pierden sus puestos de trabajo en condiciones más o menos duras y que, por supuesto, tiene menor capacidad operativa para prestar servicios a la clase trabajadora. Claro que todo esto tiene su lado positivo: una de las grandes difamaciones clásicas consiste en afirmar que los sindicatos son organizaciones cuyo sostenimiento es casi en exclusiva público. Ya antes de la crisis eso era una gran mentira, pero ahora habría que poner de manifiesto que se sostienen mayoritariamente a partir de las cuotas de sus afiliados. Es verdad que la afiliación se encoge, al compás de lo que sucede en toda Europa –por cierto, en porcentajes menores, todo sea dicho-. Con todo, si la estructura organizativa genera servicios, habría que preguntarse cuáles deberían dejar de prestarse. Porque, si han de servir a colectivos más amplios, la burocracia es necesaria. También es frecuente la crítica de ese adelgazamiento en términos de que no se han disminuido ciertos ingresos de los líderes sindicales. Sin restar toda la razón a este comentario, habría que añadir que gran parte de los ingresos atípicos de las organizaciones sindicales son finalistas.

Yo comparto la querencia por un modelo de sindicato fuerte y centralizado, que evite "atomizaciones" que lo debilitan. Por eso defiendo la necesidad de cierto grado de burocracia que, desde luego, no es incompatible con la eficacia de su actuación en el rank and file. Todo lo contrario. Pero para eso es necesario cultivar y defender las estructuras descentralizadas.

El tema de las estructuras descentralizadas es, sin duda, uno de los debates más interesantes y resulta muy difícil sintetizar en pocas palabras muchas cuestiones. Claro que la pequeña empresa está desamparada. Claro que es difícil la acción sindical en la empresa –aunque hay evidentes signos de adaptación, pese a los palos en las ruedas que pusieron los legisladores del PSOE y del PP con esas comisiones específicas de representantes sumisos que inventó la reforma de 2010-. Claro que el aparato tiene que adaptarse. Pero quiero creer que la adaptación no implica desmontar las estructuras federales sectoriales o multisectoriales (¿o hay que abandonar la apuesta estratégica por la acción sindical sectorial?) La presencia sindical en la empresa tiene más complicaciones hoy en día, entre otros motivos porque se enfrenta a una empresa envalentonada y que juega un partido en un campo muy inclinado a su favor. No solo por la acción o inacción del legislador, sino también por la actuación de unos tribunales tradicionalmente muy adversos. Solo últimamente el Tribunal Supremo comienza a enmendarse con una doctrina más abierta hacia el nombramiento de delegados sindicales. Con todo, puestos a proponer, habría que plantear ciertas reformas legales muy necesarias, sobre todo en el Tít. II ET que consistirían básicamente en: 1) votación universal en todos los centros de trabajo con independencia del número de trabajadores de cada uno de ellos, de tal modo que se elegirían representantes multi-empresa en las pequeñas organizaciones productivas; 2) cómputo de la representatividad por número de votos, no por número de representantes; 3) consiguiente desvinculación de la condición de representante electo y trabajador en las empresas de menos de 50 trabajadores; 4) eliminación del difuso concepto “centro de trabajo” a efectos electorales; 5) atribución de un representante en dichas pequeñas empresas por cada diez votantes.

Luego, en torno a la afiliación, habría que hablar con menos complejos de las cláusulas de seguridad sindical. Cuando el Tribunal de Luxemburgo ha puesto de manifiesto que no son siempre inadmisibles, ¿no habría que revisar nuestra LOLS tal alérgica a ellas? Es un campo de trabajo interesante, en el que otros sistemas de relaciones laborales aparentemente más virtuosos que el nuestro para la Comisión Europea –léase, el elegante Reino de Dinamarca- parece que tienen menos problemas. Si no son necesariamente contrarias al art. 11 del Convenio de Roma, estas cláusulas de incentivo de la afiliación, ¿son siempre contrarias a la regla “Fraga Iribarne” del art. 28.2 de la Constitución de la afiliación negativa?

Ya sé que estas propuestas son muy ingenuas en el contexto actual. Pero, por favor, que nadie diga que nuestro sistema es en la actualidad “trade unions friendly”. Es muy mal encarado con los sindicatos. Pero, en cuanto en tanto sean propuestas ilusas, la adaptación a la empresa solo puede producirse con un gran esfuerzo militante y con un intenso trabajo en las unidades electorales. Claro que florecen candidaturas corporativas, “independientes” e incluso sucede aisladamente que los candidatos de los sindicatos de clase concluyen yellow dog contracts con la empresa a cambio de migajas de representatividad. Por supuesto que hay conductas criticables en las elecciones e incluso elecciones que solo se producen en las actas electorales. Pero nunca un proceso fue tan importante como el actual. Hay que pelear palmo a palmo por cada espacio de representación. Y el adversario no es la organización de clase concurrente, está en  otro sitio.

En cuanto a la huelga, mi percepción es de cierto rebrote de la conflictividad en el centro de trabajo, en una tradición como la nuestra, desde luego, en la que el número de horas perdidas por huelga ha sido relativamente bajo. Este rebrote, sin embargo, viene de la mano de una fortísima réplica en términos de acciones penales, pero también de acciones de ilegalidad. Nunca la empresa tuvo tanta pasión por obtener declaraciones judiciales de huelga ilegal. Hay, claramente, un redimensionamiento de la acción colectiva desde los ámbitos más generales a los más particulares. Pero, ¿no es esto razonable, al menos en parte?

Podría seguir mucho más, pero hay que terminar. Por si alguien continuara leyendo: no me parece que la diferencia entre trabajadores del sector público y privado desaparezca, creo que más bien avanzará en el futuro, porque es esperable que sólo en aquél la afiliación se mantendrá en unos índices más o menos razonables. Basta con ver qué ha sucedido en los marcos más liberales de relaciones laborales. Y tampoco me parece que se esté desatendiendo a los atípicos. No creo que sea bueno aceptar ese discurso de que solo se defiende a los insiders. Cosa distinta es que resulta más difícil proteger a los precarios, por todas las circunstancias que los rodean. O a los autónomos, ¿qué va a pasar cuando, como cabe esperar, el Tribunal de Luxemburgo declare contrarios a la competencia los acuerdos de TRADES?¿Tendrán también la culpa los sindicatos? Claramente, la dualidad se corrige manteniendo los derechos de los fijos. Porque afectar éstos es el preludio inmediato de nuevas reglas que pisotean más a los atípicos. Esa es nuestra historia, muy claro.


Entretanto, el sujeto sindical no está desaparecido. Solo se está lamiendo las heridas, un poco desconcertado.

11 ene. 2015

EL MERCADO LABORAL EN LOS INICIOS DE 2015 (publicado na Voz de Galicia, 11 xaneiro 2015)



No es razonable la diferencia tan inmensa que existe en el análisis de la situación del mercado de trabajo que hacen unos y otros, en función de las siglas políticas a las que se adscriban. Podría concluirse que falta objetividad por ambas partes. Que unos quieren exagerar una realidad de tenue recuperación del empleo y otros despreciar unos evidentes signos de mejora, por discretos que éstos sean. Desde luego que no quiero erigirme en juez de una disputa en la que se me achacará parcialidad. Con todo, detrás de las opiniones hay una realidad tozuda que puede sintetizarse en cuatro afirmaciones básicas: 1) se está creando empleo a un ritmo discreto, pero empleo de muy baja calidad. 2) Decrece el desempleo por motivos más importantes que la propia creación de empleo. 3) Se incrementa la pobreza de la población activa y demandante de empleo. Y 4) se vuelve a poner de manifiesto que las reformas estructurales del mercado de trabajo tienen muy poco que ver con la mejora de la coyuntura laboral.

Que se crea empleo es una realidad estadística irrefutable. Hacia noviembre 2014 ha aumentado claramente el número de contratos formalizados y también el número de personas ocupadas. En particular, este último se ha situado próximo a las cifras absolutas anteriores a 2008. Aunque no se ha alcanzado el dinamismo tan grande que existió en el cuatrienio 2004-2008, también es verdad que la tasa de crecimiento ha sido mucho menor. Estos datos, desnudos de otros complementarios, justificarían cierto grado de optimismo, dentro de la prudencia necesaria debida al tan elevado número de desempleados que aparece en todas las estadísticas. Sucede, sin embargo, que hay elementos mucho más negativos e igualmente irrefutables. Por ejemplo, la malísima correlación entre contratos indefinidos y temporales, que nos retrotrae a la realidad de los primeros años de la década pasada. Es curioso comprobar que los indefinidos sufrieron un breve repunte a mediados de 2012, sin duda a causa de ese engendro de contrato de apoyo a emprendedores –por cierto, contrario a la Carta Social Europea, de acuerdo con la doctrina  de su órgano de aplicación- y que no han vuelto a incrementarse hasta el segundo semestre de 2014, en una tendencia que está por ver si se consolida y que se muestra como muy tenue.

En esta dialéctica entre contratos indefinidos y temporales ha emergido con fuerza el trabajo a tiempo parcial, que ahora constituye casi el 40 por 100 del total de la contratación. Podría pensarse que esta evolución es buena, pues sitúa el porcentaje de contratos a tiempo parcial en unos niveles próximos a otros sistemas de relaciones laborales especialmente dinámicos y virtuosos. Pero no es así, porque no implica un incremento de las tasas de ocupación, sino una sustitución de trabajadores a tiempo completo por trabajadores a tiempo parcial. Puede decirse que el incremento de los contratos al que se asiste últimamente se explica solo en términos de aumento de los contratos a tiempo parcial. O incluso más: si se dejaran de considerar éstos, se habría perdido empleo neto en nuestro país. Es decir, se ha sustituido trabajo típico por trabajo atípico, precario y mal retribuido.

Hay algo paradójico y difícil de explicar, que es la coincidencia temporal entre mayor incidencia del trabajo a tiempo parcial y mayor brecha en la ocupación entre hombres y mujeres. Puede apreciarse que el empleo masculino ha repuntado un 70 por 100 más que el femenino y que el paro femenino ha disminuido menos de la mitad que el masculino. La conclusión es obvia: aunque se haya incrementado el trabajo a tiempo parcial de las mujeres, el que ha subido mucho es el de los varones. Y, si ha disminuido el desempleo debido al incremento de la parcialidad de la jornada y, a la vez, se ha sustituido trabajo a jornada completa por parcial, resulta evidente que ha emergido un trabajo a tiempo parcial involuntario y de mala calidad. Es decir, el que se diseñó legalmente en diciembre de 2013, con una reforma muy fuerte e injusta del empleo atípico. Que, por otra parte, provoca consecuencias muy desfavorables en términos de discriminación indirecta por razón de sexo, como ya puede apreciarse.

La diferencia entre el mercado de trabajo español y otros más eficaces es obvia: en éstos, en etapas recesivas se pierde poco empleo pero se incrementa el trabajo a tiempo parcial involuntario. En el nuestro –al menos en la situación actual- se pierde mucho empleo en crisis y se crea empleo de muy baja calidad cuando la coyuntura mejora.

El desempleo decrece porque disminuye el número de personas demandantes de empleo. Es decir, porque crece la ocupación, pero también por otros motivos con mayor incidencia real. Principalmente, porque se ha reactivado una emigración económica, sobre todo de demandantes de primer empleo con cualificación, que van a desarrollar fuera trabajo cualificado o no cualificado. Y también porque, al extinguirse la cobertura de desempleo –que ha alcanzado porcentajes inaceptables por lo bajos que son-, desaparecen los vínculos formales con los servicios públicos de empleo. Es probable que en todo ello exista un repunte del trabajo informal, pero hay que aludir, como causa fundamental, a la falta de expectativas laborales, sobre todo de que la población joven encuentre un trabajo decente.

Y la pobreza de la población activa y pasiva. Los efectos de una reforma de Seguridad Social –la del PSOE de 2011- muy agresiva con las rentas más bajas y con los trabajadores más vulnerables. La propia falta de protección por desempleo aludida, insuficientemente paliada con el salvavidas del Decreto-ley de diciembre 2014. También, las consecuencias de la reforma del PP de 2012, en términos de fuerte rebaja salarial y deterioro de las condiciones de trabajo. Todos estos factores, unidos a la debilidad de la recuperación macroeconómica –que no de la economía real- producen que  las desigualdades se ceben en las capas de la población débiles, cada vez más amplias.

Este relato describe, en justicia, la realidad. Solo la defensa política de la acción de gobierno permite afirmar que la reforma de 2012 ha servido para algo. Las reformas estructurales del mercado de trabajo “flexibilizadoras” solo han valido, desde hace mucho tiempo, para generar más dualidad, precariedad e inseguridad. Como la última, que solo se ha diferenciado de las anteriores por tener mayores ínfulas y ser más agresiva. Por fortuna, los operadores jurídicos poco a poco la van poniendo en su sitio, pese a la defensa política que de ella ha hecho el Tribunal Constitucional.
Jaime Cabeza Pereiro

8 ene. 2015

LA LIBRE DIFUSIÓN DE PENSAMIENTOS E IDEAS


¿Cómo no estar de acuerdo con la editorial de hoy, mancomunada entre El País y otros periódicos Europeos? La libertad de pensamiento y de opinión deben prevalecer, desde luego sobre los ataques terroristas como el que ayer padecieron las víctimas del atentado terrorista a Charlie Hebdo. La amenaza a la convivencia y a la libertad de conciencia y de expresión no nos deja indiferentes. Ahora bien, el asunto plantea una serie de interrogantes de difícil respuesta y que producen cierta incomodidad.

El primero de ellos se refiere al propio concepto de terrorismo. Cuando los que realizan un ataque lo hacen en nombre del extremismo islámico –como es el caso aparente de ayer-, no parece haber problemas. Pero nos produce cierta incomodidad esta expresión cuando las víctimas son, por ejemplo, civiles hebreos que viajan en un autobús y la acción se comete con la “justificación” del aplastamiento que sufre el pueblo palestino. Como, a la inversa, nos la produce cuando se utiliza el propio aparato del Estado para asesinar, lo cual, desde luego, no es patrimonio exclusivo de Israel, aunque a veces se haga con el camuflaje de ciertas organizaciones “pantalla”, como le ha sucedido, por ejemplo, al pueblo checheno. La geopolítica ha cambiado, y ya no nos cuesta condenar un atentado cometido por ciertos grupos armados que declinan en Latinoamérica, pero claramente tenemos varia varas de medir. Si la justificación contra las acciones terroristas no puede existir nunca -¿estamos unánimemente de acuerdo con esta premisa?-, nos falta cierta calidad democrática en la definición de qué es una acción terrorista. Sin que quepa admitir un concepto exageradamente amplio ni simplificar las realidades, hay cierta doble moral en todo este asunto.

El segundo se refiere a los límites de la libertad de expresión. Este es un asunto todavía más complicado y lleno de sobreentendidos. No se trata del tema fácil de si existe una supuesta responsabilidad social de no molestar a ciertos grupos peligrosos. Se trata, más bien, de la posibilidad de admitir la libre expresión de cualesquiera pensamientos. De cuáles son los límites. Es un asunto todavía más incómodo, sobre todo desde el punto de vista de un modesto profesor enfadado con cuánto se permite la restricción de la libre expresión e información en el mundo de las relaciones laborales. Pero también perplejo con la visión extrema que parte del mundo académico global hace con base en la famosa Primera Enmienda de la Constitución Americana. El lenguaje del odio, la expresión desproporcionadamente hostil hacia los otros, ¿cuáles son sus fronteras? Es muy fácil afrontar esta pregunta a golpe de reforma del Código Penal, pero sin una reflexión más general que trascienda el ámbito delictivo. ¿Dónde se incuba la intolerancia?, ¿qué pensamientos u opiniones no deberían ser objeto de libre difusión? No cabe duda de que la restricción no puede ser nunca la regla y de que solo las opiniones que generan directamente violencia no deben ser amparadas.


Y el tercero es el reverso del anterior: si tenemos hoy una tan justa indignación, ¿no hemos tolerado en nuestros sistemas de convivencia demasiados límites innecesarios a la libre expresión? ¿No hemos sido demasiadas veces demasiado sensibles en nuestra dignidad con comentarios que nos pueden molestar pero que no deberían prohibirse? Hoy nos conmueven las víctimas de una intolerancia demasiado radical. Pero los derechos ayer tan fuertemente agredidos también son diariamente limitados por conductas de baja intensidad que restan pluralidad y democracia a nuestra convivencia colectiva.